Nota de prensa
#MedidasContraLaDiscriminación
- AMES y el Movimiento Asociativo de COCEMFE ponen en marcha la campaña ‘Medidas contra la discriminación’ para promover las actuaciones que es necesario llevar a cabo para derribar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad
- Incluye reformas legales y planes para impulsar el acceso a la vivienda, al empleo y a la educación o nuevos modelos para apoyar la vida independiente, la cronicidad o la financiación de productos sanitarios, entre otras medidas
- AMES insta a las diferentes administraciones a asumir su responsabilidad en la adopción de las 35 medidas y a contar para ello
con las propias personas con discapacidad física y orgánica y las organizaciones que les representan (Valencia), 28 de noviembre de 2024)
AMES, junto a COCEMFE nacional y su Movimiento Asociativo, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, ha puesto en marcha la campaña ‘Medidas contra la discriminación’ en la que propone que se lleven a cabo 35 medidas destinadas a derribar las barreras que impiden el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
“No podemos esperar más viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica somos discriminadas a diario”, ha manifestado el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, quien ha hecho hincapié en que “somos las
propias personas con discapacidad a través de nuestros Movimiento Asociativo quienes volvemos a dar un paso adelante y proponemos a la Administración las medidas que sabemos que van a promover nuestra plena inclusión y participación
activa en la sociedad.
En concreto, las medidas trasladadas por Nombre de entidad y el Movimiento Asociativo de COCEMFE atienden aquellas cuestiones que es necesario atajar para que las personas con discapacidad física y orgánica puedan vivir sus vidas en
igualdad de condiciones y se dividen en cinco grandes áreas: rentas y empleo; educación; accesibilidad; autonomía personal, vida independiente y atención a las situaciones de dependencia, y salud y espacio sociosanitario.
“Nuestro derecho a la vivienda pasa porque esta sea accesible, asequible e inclusiva y a día de hoy prácticamente la totalidad del parque de viviendas no lo es”, lamenta Queiruga, quien remarca la necesidad de “reformar urgentemente la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad en edificios de viviendas sean siempre obligatorias, crear un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y aprobar un plan de choque de vivienda pública social, accesible y de
emergencia”.
Entre las medidas también se encuentran aprobar una nueva Ley de Inclusión Laboral; garantizar el acceso de las personas con discapacidad que lo necesiten al Ingreso Mínimo Vital; reservar el 10% del empleo público a este grupo social; implementar planes integrales de impulso de la educación inclusiva y aceleración de la accesibilidad en los centros educativos; adoptar un nuevo modelo de apoyos a la autonomía y de prevención de la institucionalización de las personas con discapacidad, y poner en marcha nuevas estrategias de abordaje de la cronicidad y garantizar la financiación pública de productos sanitarios.
“Nuestra sociedad no puede estar hecha a la medida, solamente, de las personas sin discapacidad física u orgánica”, sostiene el presidente de COCEMFE nacional, que incide en la importancia de “aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente para dar una respuesta urgente a todas las necesidades que todavía siguen sin ser atendidas”. “Garantizar derechos es acabar con la discriminación”, sostiene Queiruga, por lo que insta a la Administración central y a las diferentes administraciones autonómicas y locales a asumir su responsabilidad en la adopción de las 35 medidas contra la discriminación de las personas con discapacidad física y orgánica propuestas por COCEMFE y su Movimiento Asociativo, y a contar para ello con este grupo social y las organizaciones que le representa.
Esta campaña está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.